La Junta de Castilla y León no puede aceptar los costes económicos correspondientes a las ayudas que el Ministerio de Trabajo pretende cargar a las Comunidades Autónomas para desarrollar un "Prodi II" (Programa Especial de Protección de Desempleados) con el que se sustituye la ayuda actual de formación a desempleados de 426 por 350 euros.
El vicepresidente 2º y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, asistirá el próximo lunes a una sesión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Empleo en el Ministerio de Trabajo, en la que Gobierno Central y Comunidades Autónomas debatirán el contenido del documento enviado recientemente a éstas, que pretende reducir la ayuda de los 426 euros a desempleados hasta los 350. Además, el Ministerio de Trabajo pretende que sean las Comunidades Autónomas las que asuman este gasto que hasta ahora dependía del Estado.
La Junta de Castilla y León considera que se trata de un nuevo ejercicio de improvisación reiterado en el que dada la situación económica actual, las Comunidades Autónomas se verán abocadas a serios problemas de presupuesto.
En este sentido, el Ejecutivo Regional considera que la ayuda es una política de protección al desempleo, de carácter pasivo, cuya gestión corresponde al Ministerio de Trabajo y por lo tanto debe ser soportada económicamente por los fondos del Gobierno Central. El documento remitido por el Ministerio no incluye ninguna memoria, ni previsión financiera ni económica, que resulta imprescindible en un texto de estas características, por lo que ni siquiera permite analizar la procedencia de los fondos necesarios para poner en marcha este nuevo programa.
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