Hasta el momento, el Plan de Gestión y Conservación del lobo en Castilla y León permite la caza de ejemplares concediendo decenas de precintos en nuestra comarca. Una política desafortunada que atenta contra la especie y no hace sino fomentar la confrontación y la demonización de una especie cuya presencia, en realidad, realza los valores naturales de nuestro entorno. Estos permisos atentan directamente contra la especie.
La Junta de Castilla y León, además, debe perseguir y castigar el fraude denunciado en supuestos ataques. Con ello, se garantiza la correcta gestión, y una adecuada compensación a quienes sufren realmente esas pérdidas.
Los nuevas tendencias de custodia del territorio favorecen la biodiversidad y la presencia de un turismo que valora la presencia en el medio de todos sus agentes, entre los que está inexcusablemente, el hombre y sus actividades tradicionales. Por eso mismo, la defensa de la ganadería extensiva debe hacerse integrando las sensibilidades, y dando la máxima protección, incentivos y compensaciones a razas como la monchina, y no dando la espalda al ganadero como ocurre ahora.
La Junta de Castilla y León no debe rehuir sus responsabilidades, para lo que se le pide esfuerzo y compromiso en lugar de pólvora y plomo.
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