Las reacciones al cierre de la central nuclear no se han hecho esperar, aunque han sido controvertidas.
El presidente del Partido Popular en Burgos, César Rico, ha calificado de "mala noticia" el cierre de Garoña. Lamenta que "nuestros compañeros del Partido Popular a nivel nacional no hayan sido capaces de comprender cuál es el tejido industrial y empresarial de de esta comarca para no haberlo tomado única y exclusivamente desde el punto de vista". Rico recordaba que este cierre supone la destrucción de miles puestos de trabajo y, en consecuencia, de la zona.
Desde la Junta de Castilla y León, su vicepresidente, José Antonio de Santiago-Juárez, que calificaba de "mala noticia para los trabajadores, para la comunidad y para España", mostraba su "disconformidad" con el cierre, y manifestaba que en un futuro "alguien se dará cuenta del error que se ha cometido".
Las Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León creen injustificado e irresponsable el cierre de Garoña y exigen un plan alternativo industrial para la zona.
La diputada nacional socialista Esther Peña urge al Gobierno la puesta en marcha de un plan de reactivación económica para las comarcas del entorno de Garoña y reprocha al Partido Popular que haya engañado a los vecinos de Las Merindades, la Bureba y Miranda de Ebro “por un puñado de votos”.
Lorenzo Rodríguez, diputado provincial por Ciudadanos valoraba muy positivamente el cierre de la central nuclear y recuerda al Gobierno de la nación las inversiones que son necesarias en esa comarca. En la misma línea se manifestaba el diputado provincial por Imagina, José Antonio Manjón, que considera que lo “fundamental” es dialogar con alcaldes y con la gente que vive en el entorno “para que sean ellos mismos los protagonistas de su futuro”.
Por Unidos Podemos Burgos, Miguel Vila mostraba su satisfacción y exige que el plan de recuperación económica de Garoña cuente con la población y se base en las renovables. Apunta que la planta de Valle de Tobalina no puede convertirse ahora en un cementerio de residuos nucleares y aboga por un desmantelamiento “ordenado” de la central que puede generar empleo para varios años en la comarca.
El desmantelamiento de la central durará entre 13 y 16 años, periodo en el que los municipios del entorno, seguirán recibiendo los pagos de Enresa.
Autor:
