La concejala del Grupo Municipal Socialista, Mª Mar Arnaiz, denuncia que la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana dos convenios, uno con el Consejo General del Poder Judicial y otro con el Colegio de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales que implica una subvención de 20.000 euros por parte del Ayuntamiento, sin haber obtenido el visto bueno por parte del Consejo de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales.
La concejala del Grupo Municipal Socialista, Mª Mar Arnaiz, denuncia la ausencia -tanto ayer miércoles como hoy jueves - en secretaria general de los expedientes de los puntos 2 y 3 de la Junta de Gobierno Local, celebrada esta mañana, relativos a la aprobación del convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ayuntamiento de Burgos para el impulso de la mediación intrajudicial en el ámbito laboral en la ciudad de Burgos, y a la aprobación del convenio de colaboración con los Colegios Oficiales de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales de Burgos respectivamente.
“Los corporativos de los distintos grupos no hemos tenido a nuestra disposición el expediente asociado a estos dos convenios durante los dos días hábiles que han precedido a la Junta de Gobierno Local de esta mañana. El Sr. alcalde ha decidido unilateralmente aprobar dos convenios que previamente apenas habíamos podido valorar en la gerencia de Servicios Sociales, y que por supuesto el Consejo nada había decidido al respecto”, apunta Mar Arnaiz.
A este respecto, la edil ha presentado esta misma mañana en el registro municipal un escrito de queja comunicando esta circunstancia, que incumple los artículos 37, 74 y 80 de Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento de Burgos.
Desde el Grupo Socialista recuerdan que tal y como establece el reglamento “toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe de servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposición de los concejales en la Secretaría Municipal desde el mismo momento de la convocatoria”.
Es más, la valoración previa que tenía el Grupo Socialista era que el convenio con el Colegio de Abogados, que estaba previsto para facilitar un asesoramiento legal a aquellas personas afectadas por procedimientos de desahucio y que deriva de una proposición aprobada por unanimidad en el Pleno del 24 de julio de 2015, suponía un mero trámite de asesoramiento y no un servicio de defensa y acompañamiento jurídico para los afectados.
Concretamente la proposición que hacía referencia a la creación de un parque municipal de vivienda para familias desahuciadas; establecía en el punto 4 de los acuerdos la firma de “un Convenio con el Colegio de Abogados con la finalidad de la asistencia jurídica a las personas que pudieran ser objeto de un posible desahucio”.
Por otro lado, los concejales socialistas hubieran rechazado en el seno del consejo de Servicios Sociales el convenio propuesto con el Consejo General del Poder Judicial. “Es evidente que el Sr. Lacalle ha ninguneado al Consejo de la Gerencia de Servicios Sociales a sabiendas de que podía rechazar ambas propuestas del convenio y por ello ha decidido trasladarlas directamente a la Junta de Gobierno para aprobarlas unilateralmente. Es una muestra fragante de desconsideración hacia el resto de grupos municipales.”
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