Esta prestación nació en la modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que se realizó en 2010 como un derecho de los castellanos y de los leoneses en situación de exclusión. En 2016, y siempre con el acuerdo del Diálogo Social, dicha prestación tuvo la reforma y mejora normativa más importante con el fin de flexibilizar el acceso a ella, mejorar las compatibilidades con otras prestaciones y los procedimientos. A lo largo de 2016 fueron 38.560 las personas beneficiarias de esta prestación, más de 1.000 beneficiarios más que en 2015. Además de garantizar las necesidades básicas de subsistencia, la Renta Garantizada de Ciudadanía ha reforzado en el último año su objetivo de inserción socio-laboral de las personas que reciben esta prestación y, en 2016, aumentaron más de un 37 % respecto al año anterior los perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía que encontraron trabajo, un total de 4.225 personas, entre otros motivos por los planes de empleo de la Junta.
El Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento del informe sobre la evolución de la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación que nació a finales de 2010, precisamente en la modificación que se realizó ese año del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y que en 2016 ha experimentado la reforma más profunda en la flexibilización, compatibilización y mejora de procedimientos de la propia prestación desde que se creó. La Renta Garantizada de Ciudadanía está, por lo tanto, recogida desde hace seis años en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, como un derecho de los castellanos y de los leoneses en situación de exclusión social y forma parte del conjunto de prestaciones de la Red de Protección a las Familias y las Personas más vulnerables.
Desde su regulación a finales de 2010 ha sufrido diversas modificaciones, siempre con el acuerdo del Diálogo Social, pero las últimas y más importantes mejoras normativas se realizaron en 2016. El proceso se inició con los compromisos alcanzados en enero de 2016 en el seno del Diálogo Social entre el presidente de la Junta de Castilla y León y los representantes de los agentes económicos y sociales que derivaron, a su vez, de la prioridad de la Junta de Castilla y León otorga a las políticas sociales que apoyan a las personas y familias que peor lo están pasando. Fruto de esos acuerdos, en abril se aprobó el Decreto-Ley de medidas extraordinarias para reforzar la Red de Protección referidas a las prestaciones económicas para necesidades de subsistencia que integran la Red.
Fue en mayo cuando las Cortes de Castilla y León convalidaron con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios el decreto-ley y a partir de ese momento se inició su tramitación como proyecto de ley. En diciembre de 2016 se convirtió en ley con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios de las Cortes. Esto posibilitó la flexibilización, ampliación y compatibilización de las principales prestaciones. Estas medidas garantizan también las necesidades básicas de subsistencia de familias sin especiales necesidades de inclusión social empobrecidas por la situación económica así como de las personas que, recibiendo prestaciones sociales por una actividad laboral, obtienen ingresos insuficientes para atender esas necesidades.
Junto a esto, y ya en enero de 2017, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades firmó un convenio con el Procurador del Común para establecer un marco jurídico de colaboración específica y de comunicación entre ambas instituciones para la coordinación de actuaciones en el marco de prestaciones previstas en el ámbito de los Servicios Sociales.
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