La presión de muchos vecinos de todos los puntos de la geografía y de grupos sociales, profesionales y ayuntamientos ha surtido efecto y BNK abandona la intención de fracturar el subsuelo para extraer gas de pizarra
Imagina Burgos, a través del grupo provincial en la Diputación, ha atribuido a la “presión social” de grupos ecologistas, sindicatos agrarios, ayuntamientos y “personas sensibilizadas con el medio natural”, a la renuncia de la mercantil canadiense BNK Petroleum a explotar el subsuelo de Villarcayo, Medina de Pomar y Merindad de Cuesta Urria, una vez el permiso ‘Urraca’ ha caducado.
Durante muchos meses, los que ha estado activo el proyecto de BNK de perforar la tierra en todo el norte de la provincia, los colectivos y grupos que se han opuesto a esta técnica de extracción de gas esquisto, se han manifestado en una decena de ocasiones. La última, a finales del mes de julio en Masa.
También la alianza de los sindicatos agrarios con la ‘Asamblea en contra del fracking’ supuso hace ya unos meses un paso más en la lucha por defender lo que el medio rural ha considerado “un riesgo” para la salud pública.
Todas las movilizaciones “han sido realmente efectivas” tanto por el número de personas que se han congregado “como por la unidad de acción” que han supuesto. De hecho, decenas de ayuntamientos y hasta la propia Diputación de Burgos “se han mostrado contrarias a la técnica de extracción”.
Pasos sólidos
A fecha 31 de julio, estaban aún operativos hasta 16 proyectos en la provincia de Burgos. En ese momento, ‘Urraca’ era el único con el que todavía contaba BNK España, después de que en junio se retirase el de Sedano. Entonces, la empresa justificó su decisión de renunciar al permiso por la “incertidumbre legal” en cuanto a la viabilidad del proyecto.
Las organizaciones contrarias al fracking han ido dando “pasos sólidos”, indican desde Imagina. Así, en el mes de marzo pasado, la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados aprobaba una proposición no de ley por la que se exigía al Gobierno en funciones la prohibición del uso en España de la fractura hidráulica, como técnica para la extracción de hidrocarburos. Fueron los “partidos políticos” impulsados por la “fuerza de la gente”, apuntan, quienes dieron el paso.
Las organizaciones siempre han temido las afecciones que la técnica de extracción de gas pizarra pudiera tener sobre los acuíferos y sobre los que rodean las áreas afectadas por alguno de los pozos previstos y por previsibles corrimientos de tierra que pudieran dar lugar a movimientos sísmicos.
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