El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Burgos ha detenido a seis personas, con edades comprendidas entre los 25 y los 42 años de edad, por un presunto delito de estafa y falsedad en documento público. Los detenidos son S.P.D. de 42 años; A.O.B. de 35; I.L.M., de la misma edad; S.F.M. de 25 años; J.R.S.T. de 33, y T.H., también de 33 años. Hace unos meses, el Servicio Municipalizado de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Burgos había denunciado en Comisaría la existencia de personas que se dedicaban a recargar las tarjetas de autobús urbano del Ayuntamiento con el doble de la cantidad del pago recibido, todo ello de manera fraudulenta y al margen de los canales oficiales de recarga. El Grupo de Delitos Tecnológicos del Cuerpo Nacional de Policía hizo un estudio sobre las recargas, horarios y paradas más frecuentadas, logrando señalar como objetivo tres lugares de la zona norte de Burgos. Se activó un mecanismo para detectar las tarjetas fraudulentas, con un sonido diferenciador al acercar el dispositivo al lector, momento en el que se identificaba a los usuarios que las utilizaban. En el transcurso de la investigación se pudo determinar que las tarjetas de transporte de autobús urbano del Ayuntamiento de Burgos tienen un fallo de seguridad que afecta a la tecnología “wireless" (sin contacto) por medio de aplicaciones móviles o programas informáticos. Este fallo ha sido aprovechado por particulares desde hace años, explotándolo y comerciándolo. Incluso hay personas que han vendido y enseñado a manejar este tipo de programas a terceros o han buscado clientes a los que ofrecer este servicio con ánimo de lucro, bien por propia iniciativa o bien por medio de terceros. Tras la investigación de las 49 tarjetas intervenidas y las 53 declaraciones testificales, se detuvo a los seis presuntos autores del delito de estafa y falsedad, quienes regentaban varios establecimientos de informática, locutorios, comercios de prensa, panaderías, etcétera, en los que se realizaban las recargas fraudulentas. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan otras posibles detenciones. La estafa ha causado un perjuicio de 133.546 euros, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 18 de mayo de 2016.
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