La Junta de Gobierno Provincial, reunida esta mañana, ha aprobado la propuesta de adjudicación de los servicios de gestión de usuarios, mantenimiento y soporte técnico de la red de telecentros por un importe 177.000 euros. Así mismo, ha aprobado la propuesta de concesión de subvenciones a los Ayuntamientos que tienen a su cargo Parques Provinciales de protección de incendios y salvamento para su reparto a los Bomberos Voluntarios por las actuaciones y servicios prestados durante el año 2015, por un importe de 225.000 euros del ejercicio 2015. El portavoz del Equipo de Gobierno, Borja Suárez, recordaba que se están negociando los convenios con los parques provinciales y la Junta de Castilla y León.
También se ha aprobado la redacción de un estudio arqueológico de San Salvador de Oña a la empresa Arqueomedia, por un importe de 42.350 euros, en dos fases, una primera referida al estudio arqueológico de San Salvador para poder definir las actuaciones a realizar para el mantenimiento y la segunda para la consolidación de San Salvador. El estudio se desarrollará a lo largo de 5 meses y marcará las líneas de actuación en este edificio.
Por otro lado, se ha aprobado el contrato de refuerzo de la carretera que va de Gumiel de Izán al cruce con la BU-1104, por un montante de 676.200 euros así como los pliegos para el mantenimiento catastral de diversos municipios por un importe de 300.000 euros. Estos contratos forman parte del servicio de Asesoramiento a Municipios así como la compra de ordenadores para que los Ayuntamientos actualicen estos elementos, por un total de 125.000 euros.
En otro orden de cosas, la próxima semana Cesar Rico, presidente de la Diputación, hará un balance del año que ahora concluye, "un año intenso", como apuntaba Borja Suárez, con dos objetivos cumplidos, la reducción de la deuda que ha pasado de 110 puntos a 56 puntos, lo que supone una mayor capacidad de financiación, y la prestación de los servicios sociales. Suárez espera que 2016 sea la Legislatura de la Expansión sobre todo haciendo ver a las Instituciones que las prestaciones sociales tendrán que pasar a ser gestionadas bien directamente o financiando este gasto a la Diputación en el caso de las residencias de mayores.
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