El partido político PCAS presentó el pasado mes de mayo una denuncia por prevaricación contra Ignacio Delgado, por entonces Alcalde de Caleruega. Ese partido denunciaba la firma de un convenio administrativo con una empresa con la finalidad de obtener “beneficios sociales, culturales, económicos y medioambientales en el municipio, así como la promoción del turismo en la zona y el fomento del empleo”.
Esta actuación municipal tuvo lugar en abril de 2014 pero PCAS no presentó la denuncia hasta mayo de 2015, un año después, cuando se iban a celebrar las elecciones a las Cortes de Castilla y León a las que concurría Ignacio Delgado como candidato por C´s.
El Tribunal Superior de Justicia de CyL considera “faltas de fundamento las imputaciones delictivas” y archiva las denuncias sin más trámites.
El convenio denunciado se encuentra excluido del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector público, artículo 4, tal y como expresamente razona el Auto del TSJCYL al afirmar que “no puede descartarse a priori que dicho convenio se halle excluido de su ámbito, conforme a lo dispuesto en su artículo 4”, por lo que no hacía falta proceso de licitación.
Concluyendo este Auto que, “correspondiendo, en cualquier caso, a la jurisdicción contencioso-administrativa la competencia”, para pronunciarse sobre esta situación.
Se percibe así una voluntad del denunciante de utilizar la vía penal, con el ánimo de desprestigiar al Sr. Delgado y a su partido en los momentos inmediatamente anteriores a un proceso electoral municipal y autonómico en el que éste participada de forma activa.
La realidad es que consiguió su finalidad, causando perjuicios, no sólo al prestigio del propio Sr. Delgado, o del partido que representa, sino al mismo municipio de Caleruega que se ha visto privado de la actividad desarrollada por la mercantil firmante del convenio que se ha sentido injustamente tratada. Pero al PCAS este daño colateral le traía sin cuidado.
Si realmente se duda de la legalidad de esta actuación, Ignacio Delgado anima al denunciante a que acuda a la Jurisdicción Contencioso-administrativa, algo que aventura no sucederá.
Además, y dado que en diciembre de 2015, se volverá a realizar otro proceso electoral, desde Ciudadanos Burgos “anunciamos nuestra firme intención de querellarnos contra cualquier otra denuncia falsa que se plantee en el ámbito penal contra cualquiera de nuestros cargos políticos”.
Y ello en aplicación del tipo penal contenido en el artículo 456 CPenal:
“1. Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación”.
Ciudadanos Burgos trata así de evitar la utilización con ánimo partidista y revanchista de las autoridades judiciales. “La política se hace en el terreno de la política, no en los Juzgados”
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