Marina Izquierdo -
Tras la reunión del Consejo Ejecutivo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, los distintos partidos políticos han ofrecido una rueda de prensa para plasmar sus impresiones sobre la situación de la antigua estación de ferrocarril. El Concejal de Cultura, Fernando Gómez, ha defendido su gestión, culpando a la empresa UTE-Aroasa de la paralización de las obras, mientras que el resto de los grupos ha pedido su dimisión.
El Concejal de Cultura, Fernando Gómez, ha comparecido para dar cuenta de lo mantenido en la reunión del Instituto Municipal de Cultura y Turismo sobre el estado de la antigua estación de ferrocarril. En la vista, en la que también ha participado Dolores García, arquitecta asignada por el Ayuntamiento para el seguimiento de las obras, y José Manuel Cantera, técnico competente en materia de contratación, se ha informado de los contactos mantenidos con la empresa UTE-Aroasa y la contestación a las peticiones de modificación que afectan a la climatización, instalación eléctrica, cambios en la estructura y no realización de parte de la obra, que han sido rechazadas. Los técnicos especialistas han entendido que dichos cambios no son necesarios, no constituyen una mejora o no están debidamente justificados. Además, han expuesto que no queda claro que es lo que quiere exactamente la empresa con esas modificaciones, aunque Gómez se ha aventurado a decir que se trata de un abaratamiento de los costes. Sin embargo, la empresa aún se encuentra en un trámite de audiencia, que termina mañana, en el que puede presentar alegaciones. «Las modificaciones no afectan al avance de la obra», ha expresado el Concejal.
Sobre la propuesta del Grupo Municipal Socialista de anular el contrato de mutuo acuerdo, Gómez ha aclarado que sería perjudicial para los intereses municipales, puesto que conlleva la pérdida de los fondos europeos «que ya han financiado muchas otras obras, como es la cubierta de la obra del Monasterio de San Juan». Esa rescisión amistosa implicaría, además, la culpabilidad del Ayuntamiento. El Concejal ha insistido en que la empresa es la única responsable. «Quien incumple los plazos que ella misma marcó en la licitación es la propia UTE y por lo tanto seremos beligerantes siempre con el cuidado de ser lo más acertados posibles para defender los intereses municipales en una obra que lleva una parte importante de subvención europea». Todo lo que se ejecute hasta comienzos de 2016 queda dentro de la subvención. «No es todo o nada. Es importante ejecutar lo máximo posible», ha recordado.
Solicitar una prórroga, ha explicado el Concejal, no es posible. La última se pidió en 2013 y desde el Ministerio se dejó claro que no iba a haber más. «El Estado es el primer interesado en que estos fondos lleguen», ha manifestado Gómez. Por el momento, la estrategia del equipo de Gobierno es respetar ese plazo de espera para presentar alegaciones y más tarde buscar la fórmula para rescindir el contrato sin que las arcas municipales se vean afectadas. El procedimiento de reclamación no se podría realizar hasta el 1 de enero de 2016, cuando termina el plazo de ejecución. Gómez ha pedido «eficacia y prudencia» en la forma de actuar, pero preocupa el estado en el que quede el edificio para el invierno. «Una cosa es que se retrase y otra es que el edificio sufra daños irreversibles», ha mantenido.
Para Antonio Fernández Santos, portavoz del Grupo Municipal Socialista, «la reunión no ha servido de nada». Ha explicado que el Ayuntamiento sabía que la obra estaba estancada desde el pleno del 17 de julio, cuando se avisó a Fernando Gómez y éste contestó que no tenía constancia. Sin embargo, el portavoz ha recordado varios informes de los directores de obra y del arquitecto técnico que lo confirmaban. Desde que comenzaron, se han ejecutado 70.000 euros de los casi 400.000 previstos, 2.711 en el último mes. «La UTE no tiene intención de proseguir con la obra, por lo tanto, la posibilidad de perder más de dos millones de euros de fondos europeos es algo que hay que dar por seguro», ha sentenciado Fernández Santos.
«Gobernar es tomar decisiones», le ha advertido a Gómez. Si esta ciudad pierde la subvención por la «ineficacia» del equipo de Gobierno «alguien tendrá que responder políticamente del asunto». Le ha aconsejado al Concejal «menos cuentos y asumir responsabilidades», ya que considera que no tiene pensado actuar. Ha insistido en la necesidad de rescindir el contrato, que establece que no se van a cumplir los compromisos de ejecución de la obra y provocará un litigio judicial «que no sabemos cómo va a terminar». Sin embargo, esto permitirá hacer una nueva adjudicación que asegurará que el edificio no se vendrá abajo en invierno.
Ciudadanos, en la misma línea, ha calificado la situación como «lamentable». Su portavoz, Vicente Marañón, ha exigido explicaciones y responsabilidades políticas. La «incapacidad» del Gobierno ha provocado la pérdida de fondos y la privación de un edificio singular a la sociedad burgalesa. Ese «fallo multiorgánico», recurso muy habitual del equipo de Gobierno, no es casual, ha explicado Marañón. «El marco no es el adecuado ni está en manos de las personas adecuadas». Ciudadanos no ha solicitado la dimisión de Gómez, porque se encuentran a la espera de disponer de toda la información, pero es una opción que no descartan.
Por otro lado, Imagina Burgos se ha mostrado tajante con esta situación. Su vocal, Javier Gil, ha denunciado que Fernando Gómez barajara otras opciones mientras mantenía que la obra avanzaba perfectamente. Ha pedido responsabilidades. «Alguien debería asumir ese coste a la ciudadanía», ha expresado. La mala gestión del IMCyT y del equipo de Gobierno tiene «consecuencias muy concretas», como es la pérdida de los fondos URBAN. Por ese motivo, Gil ha sugerido la prohibición de futuras contrataciones a las empresas que forman la UTE, puesto que no es la primera vez que ocurren problemas. «Con una negociación amistosa asumes que la empresa lo ha hecho bien, por lo que no hay posibilidad de reclamación», ha explicado, rechazando esta propuesta.
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