El presidente de la Junta de Castilla y Leon, Juan Vicente Herrera, ha firmado con los representantes de los agentes sociales y económicos un documento que incluye distintos acuerdos para destinar los 93,8 millones de euros derivados de la adhesión al Fondo de Facilidad Financiera en 2015, así como los 36 millones en cada uno de los ejercicios 2016 y 2017, a mejorar las políticas sociales. El acuerdo concreta el destino de los 20 millones de euros ya disponibles en los Presupuestos de la Junta, y compromete otros 20 millones a mejoras en la atención a la Dependencia y Renta Garantizada de Ciudadanía.
El acuerdo ha sido firmado durante una reunión interna del Consejo de Diálogo Social celebrada en la Presidencia de la Junta de Castilla y León, ya que se ha suspendido el acto público de firma tras el accidente sucedido ayer en el Pozo Salgueiro, en el municipio leonés de Santa Cruz de Montes, que se ha cobrado la vida de un minero. En la reunión han estado presentes junto al presidente de la Junta, el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, el secretario general de CCOO, Ángel Hernández y el secretario general de UGT, Agustín Prieto, así como el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva. El Consejo del Diálogo Social en pleno ha querido expresar formalmente sus condolencias por este triste suceso que una vez más vuelve a golpear al sector minero de la Comunidad.
En el documento firmado hoy se pone de manifiesto que han sido los esfuerzos presupuestarios y las reformas que ha venido realizando la Comunidad de Castilla y León, lo que ha permitido adherirse al denominado Fondo de Facilidad Financiera para el año 2015 con el fin de cubrir las necesidades de financiación de este ejercicio. Siempre que la Junta de Castilla y León ha accedido a recursos adicionales los ha destinado a la mejora de las políticas sociales, como ocurrió en 2013 con la ampliación del objetivo de déficit.
La Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales, reconociendo que estos beneficios tienen su origen en el esfuerzo de todos los castellanos y leoneses, han acordado que se reviertan en aquellas actuaciones de carácter social más prioritarias. Los 20 millones ya disponibles en los Presupuestos se destinarán a mejorar atención a la Dependencia -5 millones de euros-, flexibilizar la renta garantizada de ciudadanía -3,5 millones de euros-, acciones de equidad en el Sistema Educativo con becas para universitarios y ampliación de las ayudas de comedor y del programa de conciliación “Madrugadores” -1,5 millones de euros-, ayudas al alquiler de vivienda -5 millones de euros-, y actuaciones de mejora en el sector forestal -5 millones de euros-. Además, el acuerdo compromete otros 20 millones, de los 73,8 restantes, a la atención a la dependencia y la renta garantizada de ciudadanía.
Atención a la Dependencia más flexible
En primer lugar, el Acuerdo abre la posibilidad de compatibilizar la prestación de cuidados en el entorno familiar con otras prestaciones de servicios profesionales. Una mejora sustancial que beneficiará a unas 37.000 personas dependientes y que supone ofrecerles un nivel de protección superior al establecido antes de la crisis, y que a la vez seguirá fortaleciendo el empleo en el sector, ya que se calcula que 8.000 nuevos profesionales se vincularán al sistema a lo largo del año.
Castilla y León es la Comunidad que más población dependiente atiende -el 2,5 % frente al 1,5 % nacional-, la que menos hace esperar por la atención -99 % de los que tienen derecho ya están atendidos- y la que genera más empleo -16.600 puestos de trabajo, 4.500 más que al iniciarse la Legislatura-.
Ampliación de la Renta Garantizada de Ciudadanía
La dotación comprometida en el Acuerdo permitirá también una nueva flexibilización de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que amplía su acción protectora a aquellas personas y familias que, cumpliendo el resto de los requisitos, están percibiendo el subsidio parcial por desempleo, haciendo compatibles ambas prestaciones hasta el importe máximo de la Renta. Es una modificación que las Cortes de Castilla y León han tramitado y que tiene 7.000 beneficiarios potenciales.
La puesta en marcha de la Red de Protección a las Familias, para dar respuesta de forma urgente, coordinada, integral e individualizada a las personas más castigadas por la crisis, ha permitido atender las necesidades básicas de 47.000 personas a través de la Renta Garantizada de Ciudadanía, facilitar ayudas de emergencia a 29.000 castellanos y leoneses, y lograr que más de 3.250 familias de la Comunidad tuvieran ayuda profesional para impedir el desahucio de su vivienda. Este modelo de protección social es respaldado por múltiples organismos y los indicadores colocan a Castilla y León como una de las comunidades con el mejor desarrollo de los Servicios Sociales.
Equidad en el sistema Educativo
Se destinarán también fondos a avanzar en la equidad en el sistema educativo. Será a través de la mejora del programa “Madrugadores” que reducirá sustancialmente el precio público para todos los usuarios -de 26,22 ¤/mes a 16 ¤/mes- y aumentando las bonificaciones a las familias monoparentales -50 % para el primer hijo y no solo a partir del segundo como ahora-. Igualmente se mejorará el régimen de ayudas de comedor escolar, elevando el umbral de renta de los perceptores de la ayuda, con lo que se podrá pasar de los 20.000 a los 25.000 beneficiarios. Además, también en el ámbito de la educación se mejorará el programa propio de becas de la Junta de Castilla y León, introduciendo una ayuda de 350 euros a los alumnos que no superen el “umbral 1” de renta fijado por el Ministerio de Educación y sean beneficiarios de sus becas. La previsión es la de beneficiar a 4.300 estudiantes, mejorando las cuantías para los jóvenes con menos recursos.
Alquiler de Viviendas
En cuarto lugar, otros 5 millones de euros irán destinados a ayudas al alquiler de viviendas. El acuerdo de hoy compromete la publicación inmediata de una convocatoria extraordinaria para personas y familias con ingresos inferiores al IPREM, que tendrá aproximadamente unos 10.000 beneficiarios. Además, se adquiere el compromiso de desarrollar, en la próxima Legislatura, un parque público de vivienda en alquiler como servicio público de interés general, que dará prioridad a las personas más frágiles como son los perceptores de Renta de Ciudadanía o quienes hayan sufrido lanzamientos y ejecuciones hipotecarias.
Sector Forestal
Por último, se establece un Pacto para el impulso del sector forestal, que tiene como punto de partida el Programa de Movilización de Recursos Forestales, con la pretensión de contribuir al desarrollo económico en el medio rural, a la creación de empleo y a la mejora de las condiciones del empleo en el sector. Con un planteamiento amplio y a medio plazo, el pacto supone como medida inmediata el refuerzo del operativo de lucha contra incendios forestales en 5 millones de euros para este año 2015, con un aumento del 10% respecto del año anterior. Ello revertirá, esencialmente, en un aumento del período de contratación de las cuadrillas, mejorando sus condiciones de trabajo y su profesionalización.
Procedencia de los fondos
De este modo, a través de estos cinco acuerdos, quedan repartidos los 20 millones de euros procedentes del ahorro en gastos financieros. Los mayores ingresos, por importe de 73,87 millones de euros, derivados de la condonación de la anualidad correspondiente a la devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómico de los ejercicios 2008 y 2009, serán objeto de negociación en el seno del Diálogo Social en el momento de la disponibilidad de esos recursos, aunque en el presente acuerdo se fija el compromiso de destinar otros 20 millones a Dependencia y Renta Garantizada de Ciudadanía. El resto de fondos hasta completar los 93,8 M de 2015 se destinarán también a políticas sociales que se pactarán en el Diálogo Social. Y los 36 millones de euros que se ahorrarán cada año, en 2016 y 2017, se destinarán a consolidar lo pactado en Dependencia, Renta de Ciudadanía, Educación y Vivienda.
El Diálogo Social en la VIII legislatura
La solidez del Diálogo Social en Castilla y León, que se ha convertido en seña de identidad y en principio rector de las políticas públicas de la Comunidad, ha favorecido un clima de paz social y de solución eficaz de conflictos muy positivo de cara a la recuperación económica. Todo ello ha sido posible gracias al trabajo y el esfuerzo de los agentes sociales y económicos en una Legislatura en la que se han suscrito acuerdos que han movilizado más de 2.500 millones de euros. Se trata de más de 15 acuerdos en materia de políticas sociales, de empleo y de competitividad.
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