La empresa que la gestiona hipotecó en tres ocasiones el derecho de concesión por préstamos que suman 5 millones de euros. No ha pagado y La Caixa concurrirá a la subasta judicial
El Grupo Provincial Socialista pide a la Diputación de Burgos que no negocie con CaixaBank el rescate de la residencia universitaria de San Agustín si finalmente la entidad, tal y como ha solicitado, asume este derecho ante el impago de la empresa que gestiona las instalaciones de los 5 millones de euros por los que hipotecó el derecho de concesión, a través de tres préstamos distintos.
La entidad financiera y su sociedad participada inmobiliaria Buidingcenter S.A. ha presentado en la Diputación, titular del inmueble, una solicitud de autorización para concurrir a la subasta judicial del derecho de concesión de la residencia y el equipo de Gobierno lo abordará esta semana en Junta de Gobierno.
La postura del PSOE es rotunda. Si la Diputación aceptó que la concesionaria, Construcciones Ortega, que en la actualidad gestiona la residencia como Sanarus Gestión, hipotecara hasta en tres ocasiones el derecho de concesión de la misma sin previo aviso, ahora no debe mediar en el conflicto entre la entidad financiera y la empresa, sino limitarse a garantizar que la prestación del servicio a los estudiantes es la adecuada. Además, se da la circunstancia de que esta empresa es la misma, tiene la misma razón social, que la que protagonizó el conflicto del albergue del Colegio Peña Amaya en la ciudad.
El portavoz de los socialistas, José María Jiménez, considera que la Institución provincial ya ha sido demasiado generosa con la empresa, al no haber declarado la nulidad del contrato que firmaron en 1997 para la construcción y gestión de la residencia durante 50 años cuando conoció a posteriori y por la Caja, la existencia de las hipotecas .
“Estoy convencido de que el equipo de Gobierno quiso hacer un favor a la empresa y ayudarle a que aliviara en cierta forma su situación financiera”, ha dicho. Sin embargo, considera que la concesionaria ya ha abusado de la confianza de la Diputación Provincial y que, por lo tanto, ésta no debe mediar en su conflicto con la entidad.
El diputado provincial socialista califica de "inaudito" que la Diputación consintiera esta situación, que ya le ha llevado a perder 219.000 euros. Se trata del dinero que desembolsó para recuperar el uso del aulario anexo la residencia, que la concesionaria estaba utilizando para su actividad privada. Casi tres años después de aquel pago, sigue sin poder disponer de él, porque también pesaba una hipoteca sobre el mismo. Ahora la solución pasa, según Jiménez, por fiar su rescate a la buena fe de la entidad financiera.
Jiménez teme que, si CaixaBank aspira a la concesión de las instalaciones aun sabiendo que su valor es reducido, pueda deberse a que ha calculado la posibilidad de negociar con la Institución provincial el rescate de la concesión. Insiste en que el equipo de Gobierno debe descartar esta posibilidad y en que, si la entidad concurre a la subasta consciente de las condiciones y la situación actual, debe asumir todas sus consecuencias -la actual concesionaria se ha quejado de descenso de residentes en los últimos años por la crisis- y encargarse de la gestión, subrogando la contratación de los doce trabajadores que tiene el centro.
Los socialistas están convencidos de que La Caixa podrá hacerse cargo de la gestión de la residencia en buenas condiciones, dada la trayectoria y experiencia de la entidad en Obra Social, por lo que entienden que quedaría en buenas manos. Aunque caben más posibilidades. Preguntado sobre la posibilidad de que la entidad financiera ‘subcontratara’ a su vez la concesión con otra firma, Jiménez ha dicho que entiende que, en todo caso, debería contar con la autorización de la Diputación.
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