La resolución aprobada por la Junta de Gobierno Local se trasladará al Ministerio de Industria y al Consejo de Seguridad Nuclear
El Ayuntamiento del Valle de Mena, en la Junta de Gobierno Local celebrada hoy ha aprobado aprobará una resolución instando al Gobierno de España que no autorice la de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, distante 35 km en línea recta de la instalación radiactiva.
La propuesta formulada por la Concejalía de Medio Ambiente surge como respuesta a las declaraciones del presidente de Endesa en la Junta General de Accionistas de su empresa indicando que Nuclenor solicitará la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña. En concreto dijo: ”Estamos tomando las medidas oportunas que son necesarias, capitalizando la compañía, pero depende del Gobierno más que de nosotros”. El consejero delegado añadió que las razones económicas que motivaron el cierre en 2012 ya no existen, “debido al cambio en la legislación que concierne a la retroactividad de los impuestos a los residuos nucleares”.
El Ayuntamiento del Valle de Mena, viene manifestando desde hace años su rechazo a la prolongación de la vida útil de unas instalaciones que forman parte de la primera generación de reactores nucleares, que fueron diseñadas para 30 años, y que ya han estado 40 funcionando, por lo que ha cumplido con creces la rentabilidad económica diseñada por sus propietarios y ningún informe técnico puede avalar la seguridad de su continuidad.
Ahora esos argumentos son desoídos desde la propiedad de la central, que parece dar por amortizada la preocupación mundial que causaban los reactores de primera generación tras el desastre de Fukushima pero, sobre todo, parece que ha contado con las facilidades ofrecidas legalmente por el Gobierno de Rajoy al permitirle eludir el coste fiscal de 153 millones de euros que habría supuesto a los propietarios seguir con la central abierta hace tan sólo dos años.
Desde el Ayuntamiento del Valle de Mena se denuncia que Nuclenor tantea una y otra vez a un Gobierno maleable ante el lobby energético y a la opinión pública con declaraciones de este tipo, buscando la connivencia que le permita tener vía libre para una actividad cuya seguridad está comprometida cuyo único beneficio es la economía de la empresa, con unas cuentas nada creíbles adaptadas a la situación política o legal en cada momento y cuya seguridad está comprometida al capricho y beneficio de su cuenta de explotación.
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