Castilla y León se pone a la cabeza de la regulación del sector agrario, con una Ley pionera en el sector, que ha sido aprobada con los votos favorables de 83 de los 84 procuradores de Castilla y León, ya que solo se abstuvo IU.
El vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, Fernando Rodríguez Porres, Cristina Ayala, ponente en la elaboración de esta Ley y Arturo Pascual, miembro de la comisión de agricultura, explicaban las líneas generales de la nueva Ley Agraria, una Ley aprobada con consenso y pionera y revolucionaria, que facilita herramientas para los jóvenes y mujeres en el sector agrario.
Fernando Rodríguez Porres recordaba que ha sido una Ley que ha tenido un punto de partida muy favorable, “admitida y valorada por todos los grupos políticos desde el primer momento”, con un proceso muy participativo hablando con todas las organizaciones agrarias atendiendo sus sugerencias, incorporando propuestas y reconoce a las organizaciones agrarias “como cauce formal de interlocución”. Además, no es una simple Ley del Campo sino “una norma para la modernización de la actividad agraria” y es una Ley que “llega a tiempo”, cuando hay más conciencia del campo en la ciudad así como de la riqueza que el campo y las empresas agroalimentarias suponen en la economía regional.
Arturo Pascual recordaba que en Burgos son 500.000 las hectáreas de cultivo en la comunidad, lo que supone el 20% de la superficie de cultivo de la comunidad, además de ser la primera provincia en producción de trigo y la segunda de cebada a nivel nacional. También recordaba que en Castilla y León las ayudas de la PAC son 920 millones de euros y en Burgos 116 millones y otros 140 millones en ayudas a la ganadería. Pascual recordaba también que la industria agroalimentaria de Burgos supone el 22,3% del sector industrial total de la provincia, el doble de la media regional y cuatro veces superior a la media nacional.
Cristina Ayala explicaba que es una Ley revolucionaria que está hecha “con los agricultores, para los agricultores y por los agricultores y ganaderos de la región”. Todo se ha tenido en cuenta, “superando las diferencias de discurso” con consenso casi absoluto. Ayala recordaba que no se ha querido “caer en la autocomplacencia” sabiendo que el campo cada vez es un sector más dinámico pero con una gran problemática y la Ley quiere dar las herramientas para solucionar estos problemas, uno de los principales, el envejecimiento que sufre el sector, ya que el 4% son menores de 40 años. La Ley proporciona herramientas para tanto los jóvenes como las mujeres puedan acceder al trabajo de este sector, con la titularidad de las explotaciones.
Una de las cuestiones más novedosas, según Cristina Ayala, es el Fondo de Tierras Disponibles, que no pretende un cambio en la titularidad, sino “un encuentro entre gente que por distintos motivos no puede cultivar sus tierras o que quieran ampliar su dimensión, encuentren parcelas que no tengan uso” aunque la Ley prohíbe el fraccionamiento de las explotaciones para evitar el poco dimensionamiento y las parcelas pequeñas, creándose un registro público y único de explotaciones agrarias, obligatorio para la obtención de ayudas y con el objetivo de agilizar la burocracia,
Otra de las novedades incluidas en la Ley son los Planes de Ordenación de Zonas de Especial Interés Agrario. Cristina Ayala recordaba que cuando comenzaron las expropiaciones de la N-122, afectaba a terrenos de mucho interés agrario en la Ribera del Duero. Ahora ya se tiene el instrumento específico para catalogar estas tierras como Zona de Especial Interés Agrario ante estas infraestructuras.
Se hace especial hincapié en el impulso del cooperativismo, se crea la figura del Defensor de la Cadena Alimentaria así como la Junta de Arbitraje y Mediación para los contratos agrarios. Se consagra en una Ley la marca Tierra de Sabor, una marca “revolucionaria” en cuanto a conocimiento y apreciación de los productos que ampara así como cualquier marca de garantía para que la calidad sea contrastada.
Por último, la procuradora Cristina Ayala ha explicado que esta Ley está identificada con Castilla y León y hace justicia con un sector considerado durante mucho tiempo de “segunda división” pero que pasa a considerarse como de “muy profesionales”. La Ley está escrita “en clave de futuro”, y que la comunidad debe está unida a los profesionales de los sectores de la agricultura y la ganadería.
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