18 de los 25 ayuntamientos de Las Merindades han aprobado mociones en contra de este procedimiento
Una reciente resolución del Procurador del Común que aconseja que sean los propios ayuntamientos los que pongan freno al uso del fracking en sus municipios a través de sus normas urbanísticas abre la posibilidad a los poderes locales a hacer frente común a esta técnica. Un sistema que cuenta con un rechazo mayoritario en la comarca de Las Merindades, que se escenificó en el pasado mes de diciembre con una manifestación multitudinaria que reunió a más de 3.000 personas.
Por lo tanto, “sería imperdonable no intentar utilizar cualquier herramienta a nuestro alcance para intentar salvaguardar nuestra tierra de los peligros que entraña el fracking”, advierte el coordinador del PSOE en Las Merindades, Jesús Puente.
Por eso, igual que el senador socialista por Burgos, Ander Gil, no descarta plantear iniciativas en ese sentido en la comarca. Los socialistas recuerdan que cualquier actividad de exploración y extracción que se desarrolle en un municipio debe obtener las licencias municipales pertinentes, conforme con lo establecido en la normativa autonómica.
Gil y Puente advierten de la necesidad de “actuar con celeridad” en estos casos.
“El Ministerio de Industria, la Junta de Castilla y León y la Diputación apuestan por el fracking, mientras que la mayoría de los ayuntamientos de Las Merindades, así como los ciudadanos de la comarca, se oponen a esta técnica”, insisten.
De hecho, 18 de los 25 consistorios de este territorio -con diferentes colores políticos- han aprobado mociones en contra de esta forma de extracción. Y, por citar algunos otros ejemplos, señalan el del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros, que ya ha incluido algunas medidas en ese sentido en su normativa urbanística y el del Valle de Mena, que ha encargado un informe técnico para incluir una modificación de sus normas, de cara a afrontar cualquier permiso de exploración mediante la fractura hidráulica.
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