El Consejo Regional de Medio Ambiente y Urbanismo de Castilla y León reunido en la mañana de hoy, ha aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, siete años después de siete años trabajando en su desarrollo, con los votos a favor de la mayoría de sus integrantes.
Para su aprobación definitiva, quedan dos cuestiones a resolver, como apuntaba Javier Lacalle, el antiguo pueblo de Gamonal que no deberá afectar al trazado del Camino de Santiago pendiente de obtener el informe favorable de Patrimonio, cuestión ésta muy avanzada y en trámite, y la delimitación de la línea de edificación en los tramos urbanos de las carreteras. Ambas cuestiones no deberían plantear problemas para la aprobación definitiva y la redacción de un texto “refundido” que se entregará a la Junta en unas cuatro semanas para su posterior publicación en el BOCYL, que podría estar en torno al mes de febrero. A partir del día siguiente a la publicación, el nuevo PGOU entrará en vigor y sustituirá al existente desde 1999 que contenía discrepancias con las normativas de la Junta de Castilla y León publicadas en 2003 en materia de urbanismo.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana soluciona situaciones únicas en nuestro país, como los DUCAS, alojamientos de uso compartido, así como facilitar la posibilidad de poder comprar en propiedad parte del subsuelo municipal, como son las plazas de aparcamiento. Las primeras, las del Hospital de la Concepción.
El nuevo PGOU incluye protecciones especiales de masas arbóreas y zonas verdes así como de espacios de importancia arqueológica con un área muy especial, la antigua judería y las faldas del Castillo, zona de interés con resto de la Guerra de la Independencia. También subsana las deficiencias de algunas zonas muy degradadas de la ciudad, en las que era imposible actuar con el antiguo PGOU, como las cocheras de las inmediaciones de la iglesia de La Merced, las traseras de Casa la Vega o algunas parcelas del barrio de San Pedro de la Fuente, próximas a un conocido supermercado.
Han sido siete los años tardados en redactar este proyecto, con varios periodos de exposición pública, con alegaciones que se han estimado en un 80% de los casos.
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