El mañana viernes día 27 tendrá lugar una gran manifestación en Madrid, que partirá a las 12.00 de la mañana desde la sede del Tribunal constitucional y finalizará en el palacio de la Moncloa, convocada desde la FEEM (federación española de ELM), la FIELM (Feder. Independiente de entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio) y otras asociaciones y federaciones provinciales y autonómicas que representan a las entidades locales menores de todo el estado, en defensa de su autonomía, y en contra del Proyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, que pretende por la vía de hecho, dejar sin contenido las funciones y servicios que estas entidades prestan en la actualidad, así como habilitando la posibilidad de suprimirlas si no cumplen con el plazo de presentación contable de tres meses o en los casos en los que los ayuntamientos a los que pertenezcan no cumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria, algo a todas luces injusto, teniendo en cuenta la inexistencia de deuda relevante de estas ELM a las que se pretende utilizar como chivo expiatorio para agradar a nuestros socios europeos, olvidando que son otras administraciones locales (CC.AA, Diputaciones, Ayuntamientos de capitales de provincia y grandes ciudades) las que presentan la mayor parte de la deuda local.
Resulta triste pensar que si la deuda de las ELM no llega en la actualidad a los diez millones de euros, se las pretenda eliminar o dejarlas sin contenido funcional, a sabiendas que solamente entre seis ayuntamientos se encuentra concentrada la mayor parte de la deuda municipal de España (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla), que entre todos ellos suman una cantidad de 35.290 millones de euros que supone un 33% del total de la deuda.
Por estos motivos es la tercera vez que desee las ELM se acude a manifestarse a Madrid con la intención de que el gobierno admita las demandas que han presentado al gobierno, entre las que se encuentran, además de eliminar del texto de la ley la posibilidad de suprimirlas, la fijación de un marco competencial y una financiación regulada por una ley nacional que las permita seguir ejerciendo sus funciones y prestando servicios a sus vecinos, evitando de esta forma un aceleramiento de la despoblación en los pueblos y manteniendo puestos de trabajo que subsisten gracias a las inversiones que a través de estas entidades se realizan en el entorno rural.
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