El director general de Planificación e Innovación del Sacyl evita contestar quién autorizó este cambio y despacha el asunto asegurando que “los historiales digitalizados funcionan bien”
La Junta de Castilla y León sigue sin aclarar quién autorizó el traslado de los historiales clínicos de Burgos a la provincia de Toledo, servicio que gestiona la empresa concesionaria del nuevo hospital de Burgos, que a su vez ha subcontratado a diversas empresas.
Desde que se inició su traslado a principios de año han sido tres las empresas que se han hecho cargo de este cometido. “No parece muy adecuado que un asunto tan sensible como este haya pasado por tres subcontratas en menos de un año”, critica Jurado.
“Los socialistas en ningún momento nos hemos opuesto a que los historiales estén digitalizados como intenta hacer ver el PP, sino que además lo consideramos positivo, siempre y cuando el acceso a la información esté garantizado”, precisa el procurador.
En su opinión, la gravedad del asunto radica, “como siempre, en el oscurantismo del PP al frente de la Junta de Castilla y León”.
Según explica, los hechos que hoy denuncia se remontan al Pleno del pasado 20 de marzo, en el que preguntó al consejero de Sanidad por el motivo que había llevado al Gobierno autonómico a autorizar el traslado de estos historiales a Toledo, y éste respondió que la Junta no había autorizado ningún traslado de estos expedientes.
Ante la “sorprendente” respuesta del consejero, el PSOE solicitó toda la documentación sobre este asunto y comprobó que existen informes de la Administración autonómica valorando la petición de la empresa concesionaria del hospital para realizar este traslado. Y hoy ha retomado el tema en las Cortes, preguntando al director general de Planificación e Innovación del Sacyl, Rafael Sánchez, dado que el Consejero negó que fuese la Junta quién tomo la decisión de autorizar el traslado, y si se tuvieron en cuenta dichos informes.
“El fondo de la cuestión no son los historiales, sino aclarar de una vez por todas quién es el que adopta las decisiones en el nuevo hospital de Burgos, porque como denunciamos desde el PSOE, todo parece indicar que con el modelo de gestión privada elegido por el PP para esta infraestructura sanitaria la Junta ha perdido el control de la misma a favor de la empresa concesionaria”, señala Jurado, al tiempo que advierte de que “esto sería gravísimo”.
El procurador socialista subraya que es un aspecto que tampoco ha aclarado hoy el director deneral de Planificación e Innovación del Sacyl, quien ha eludido dar explicaciones y se ha limitado a afirmar que los historiales digitalizados funcionan bien.
“Nos alegramos de que así sea, si es que lo es, pero no es la información que solicitábamos de la Junta”, replica Jurado. Asegura que lo que sí ha confirmado el director general es que la Junta sí tuvo en cuenta el informe emitido por la Comisión de Historiales Clínicos, donde las recomendaciones que hacía sobre el traslado no eran muy favorables al mismo”.
Según explica, esas conclusiones se le trasladaron al gerente del complejo hospitalario burgalés, según la propia documentación remitida por la Junta, cuando el traslado ya estaba en marcha.
Por lo tanto, el parlamentario burgalés reitera que, “los burgaleses tenemos derecho a saber quién está dirigiendo nuestro hospital, o la Junta de Castilla y León, que es quien debe hacerlo, o la empresa concesionaria, que está obteniendo buenos rendimientos por la gestión de un servicio público”. Considera que la segunda opción “sería un escándalo y confirmaría lo que los socialistas, colectivos ciudadanos y personal sanitario venimos denunciando, y es el deterioro que supone el sistema de gestión privada elegido por el PP para el nuevo hospital de Burgos”.
Jurado ha anunciado nuevas iniciativas parlamentarias, como una pregunta por escrito a la Junta, para llegar al fondo de la cuestión, “porque es intolerable que la Junta siga sin dar explicaciones a los ciudadanos y ciudadanas sobre un hospital que nos costará el doble de lo previsto inicialmente”.
“Esto es solo un ejemplo de la farsa que supone que el PP haya aprobado una Ley de Transparencia que incumple en lo más básico como es dar explicaciones a los ciudadanos a través de sus representantes”, concluye.
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