El Ministro de Justicia responde a la misiva del Alcalde de Burgos en la que éste le mostraba su preocupación por el traslado de la Presidencia del TSJ-CyL a Valladolid. Gallardón no descarta trasladar la presidencia del TSJ a Valladolid.
C. Antón / Burgos
La carta enviada por el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el pasado 24 de julio, en la que este le expresa su inquietud por el traslado de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ-CyL) a Valladolid, ya tiene respuesta por parte del jefe ministerial.
Gallardón asume de buen grado las aportaciones de la sociedad burgalesa y recuerda, en poco más de un folio, que su departamento “no ha adoptado todavía una postura definitiva respecto a la necesaria modificación del sistema actual de demarcación judicial, basado en el partido judicial” y que “será antes de que finalice este año, y una vez recibidas y analizadas las distintas propuestas que las instituciones y operadores jurídicos nos hayan trasladado, cuando se elabore el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y de Ley de Demarcación y Planta Judicial”.
Gallardón remarca que, aunque la decisión no está adoptada, “en modo alguno está prevista la supresión de ninguna infraestructura judicial en funcionamiento” y lanza la pelota al tejado autonómico al señalar que “en todo caso, serán la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y la Consejería de la Presidencia en nombre de la Junta de Castilla y León, quienes tendrán que acordar el uso que se va a dar a cada una de las sedes judiciales”. Discusión que no tendrá mucho recorrido puesto que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, zanjó tajantemente todo tipo de polémica hace algunas semanas cuando afirmó con contundencia que “el TSJ se queda en Burgos” y que no tiene “ninguna intención de modificar la ley” que contempla la sede del TSJ-CyL.
Además Gallardón asume como propias las circunstancias territoriales de la Comunidad y afirma que acoge “con verdadero interés la situación de un territorio corno el de Castilla y León, de gran dispersión territorial, donde las sedes judiciales son elementos de vertebración social, y donde los criterios territoriales seguirán siendo los que marquen las competencias”.
Pese a que el departamento ministerial dirigido por Gallardón no ha adoptado aún una decisión firme y a pesar de que desde Madrid no se cierra la puerta a un posible traslado del alto tribunal de la Comunidad a Valladolid. El Ministro recalca que acoge “con especial interés la posición de la Junta y la del Ayuntamiento sobre la sede del Tribunal Superior de Justicia” y que estas serán “tenidas en cuenta en la redacción definitiva del texto”.
Autor:
