La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, han firmado un protocolo de colaboración en materia de desahucios.
El protocolo, con el que los Servicios Sociales elaborarán informes sobre la situación de las familias en proceso de ejecución hipotecaria, estará a disposición de los jueces para que puedan actuar de forma paralela y poder determinar la solución de la familia conociendo previamente la situación de cada caso.
El creciente número de casos de desahucio motivados por la situación de crisis económica, con el consiguiente riesgo de exclusión social de las familias, ha propiciado la adopción de sucesivas medidas de política económica que deben complementarse con otras que permitan su extensión a los particulares que prevengan estas situaciones.
Es por esto, que el objetivo del protocolo es el establecimiento de una colaboración permanente entre el TSJ y la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León en materia de protección de deudores hipotecarios, así como establecer un marco de actuaciones e intercambio de los casos en los que un procedimiento de ejecución hipotecaria tenga cono resultado el desalojo de la vivienda habitual de una familia en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
Así mismo, se establecerá un intercambio tanto de información como técnico, que facilitará y promoverá la mejora de las planificaciones de ambas instituciones así como la máxima adecuaciones de las actuaciones al cambiante marco social y jurídico. Para conseguir este objetivo, la Comisión de Seguimiento prevista podrá organizar acciones formativas e informativas monográficas así como emitir documentos orientadores para la acción de los operadores sociales y jurídicos.
El protocolo firmado hoy, articula unas vías de actuación en casos de vulnerabilidad, tanto para el juez como para los Servicios Sociales que buscarán de manera razonable y conjunta las alternativas que sean posibles a fin de proteger y considerar los intereses de orden superior conforme a la Norma Constitucional y a los tratados internacionales de los que España es parte.
Milagros Marcos ha insistido en la necesidad de que los afectados llamen al 012 para que ambas instituciones puedan actuar lo antes posible.
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