En la reunión celebrada hoy en Madrid, entre el presidente del Gobierno de España y los presidentes de las autonomías gobernadas por el Partido Popular, Herrera ha reiterado la postura fijada en los últimos meses por la Junta de Castilla y León, referente a la futura distribución de los objetivos de déficit público de las comunidades autónomas, tal y como ya concretó en la reunión de la Interparlamentaria del PP, celebrada en Salamanca el pasado 18 de mayo.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha afirmado que “el planteamiento de un calendario más realista para cumplir los objetivos de déficit es una buena noticia que debe alegrarnos a todos”, a la vez que ha recordado la posición que mantuvo el Ejecutivo autonómico en el transcurso del Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio de 2012, cuando la Comunidad no votó positivamente el objetivo del déficit fijado en el 0,7% para el año 2013, precisamente por considerarlo poco realista.
Al término del encuentro de hoy, el presidente Herrera ha reconocido que un nuevo escenario más flexible, junto a los esfuerzos ciertos que el Gobierno de la Nación ha hecho en el último año para atender las necesidades financieras de las comunidades autónomas, debe animar a todos a lograr un acuerdo, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sobre la distribución de ese nuevo calendario.
Ante la posibilidad de una distribución asimétrica de los objetivos del déficit entre comunidades autónomas, Herrera ha reiterado la defensa del mantenimiento de un déficit igual entre ellas para no penalizar a las cumplidoras en 2012, ni desincentivar el cumplimiento en 2013 y años sucesivos. Si bien ha añadido que previamente debería revisarse el reparto del déficit entre las distintas Administraciones, de forma que este sea más proporcional al gasto público que asume cada uno de sus niveles. El presidente de la Junta ya afirmó en el transcurso de la Interparlamentaria del Partido Popular, el 18 de mayo, que existe una asimetría previa entre el Estado y las autonomías que debería resolverse para este año y los sucesivos; el reparto que deberían obtener las comunidades autónomas ha de aproximarse al 35 % del total.
El presidente de la Junta ha recordado, además, que el reparto de los objetivos de déficit ha de mantener presente el carácter poco flexible y expansivo de las competencias que gestionan las comunidades autónomas (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) y el hecho de que sobre ellas recayera en 2012 casi el 80 % de toda la reducción del déficit en España. En este sentido, Herrera ha afirmado que “es cierto que cuando se habla de gasto público y déficit del Estado se habla de cuestiones tan importantes como las pensiones o las prestaciones por desempleo, que tanto importan a todos. Pero hay que recordar que cuando se habla de gasto y déficit autonómico se habla de Sanidad, Educación y Servicios Sociales, no menos importantes y sobre las que principalmente han recaído los ajustes y la reducción de gasto en España en 2012”.
Herrera valora que en estos momentos nos encontramos en una situación distinta a la de hace un año, entre otras razones, por el esfuerzo realizado en el control del gasto y la reducción del déficit público; en concreto, las comunidades autónomas lo redujeron a la mitad en 2012. La valoración realizada por el presidente del Ejecutivo castellano y leonés incide en que ese esfuerzo debe continuar, pues “la reducción del déficit es objetivo de todos”. La corrección de los graves desequilibrios de nuestra economía es un paso previo para una nueva etapa de crecimiento económico y de creación de empleo.
Por ello, y en sintonía con lo manifestado por todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, el presidente de la Junta ha expresado su voluntad de alcanzar un acuerdo entre todos, que sin duda será bueno para los ciudadanos de Castilla y León y del resto de España. A tal fin, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se ha comprometido a plantear en el Consejo de Política Fiscal y Financiera una propuesta basada en criterios objetivos, sensatos y equilibrados sobre reparto de la nueva senda de déficit entre las distintas comunidades autónomas, reconociéndose en todo caso que a las que han cumplido en 2012 no se les puede penalizar.
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