Después de meses de silencio el PP sigue “en sus trece” de suprimir la mayoría de los partidos judiciales de la provincia de Burgos. El borrador de Proyecto de Ley de Planta y Demarcación Judicial que prepara el Ministerio de Justicia contempla la eliminación, salvo un vuelco de última hora improbable, de los partidos judiciales de Villarcayo, Lerma, Salas de los Infantes y Briviesca.
La clausura de los Juzgados "rurales" significa, a juicio del PCAS, “alejar a la Justicia de la ciudadanía y crear un nuevo agravio comparativo para los habitantes del maltratado medio rural burgalés”. Los castellanistas no encuentran ninguna justificación para ejecutar esta medida, "somos los primeros que creemos en la austeridad, llevamos años solicitando la supresión de instituciones obsoletas y caras como el Senado o las diputaciones provinciales. Sin embargo cerrar estos juzgados sólo contribuye a discriminar, una vez más, a los habitantes de la infinidad de pequeños municipios que componen nuestra provincia, acelerando los procesos de aislamiento, despoblación y envejecimiento que padecemos".
La propuesta que contempla el borrador de Proyecto de Ley de liquidar los partidos judiciales en las comarcas de menos de 100.000 habitantes significaría la desaparición de uno de los servicios básicos que reciben los habitantes del medio rural que, recuerdan los castellanistas, debieran de tener los mismos derechos que los habitantes de las grandes ciudades, algo que cada vez ocurre menos.
En concreto Burgos alberga varias de las comarcas más periféricas y aisladas de la Comunidad de Castilla y León. Este cierre causaría un grave trastorno a una población muy envejecida, que además cuenta con malas comunicaciones y un escaso, y cada vez más recortado, transporte público. Supondría, además, un grave encarecimiento del servicio y supondría una importante pérdida de tiempo en desplazamientos para acceder a la Justicia.
Según el PCAS-Burgos, "no encontramos ninguna justificación para alejar la Administración de Justicia de los habitantes del medio rural, ya castigados, con otras discriminaciones como el acceso a una sanidad o educación de calidad, o una red viaria prácticamente tercermundista".
Para el PCAS-Burgos, "esta nueva organización administrativa aboca a nuestros pueblos a la despoblación, encareciendo cualquier gestión y alejando las decisiones de la ciudadanía".
La Agrupación castellanista en Burgos critica la doble moral de la clase política actual que por una parte manifiesta la necesidad de dinamizar el medio rural y por otra toma medidas que sólo contribuyen a la despoblación y el empobrecimiento del mundo rural castellano.
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