"Esto es como un divorcio". Así definía y comunicaba Ignacio Portilla, recién elegido alcalde de Treviño tras la moción de censura contra Inmaculada Ranero, al presidente de la Diputación, Cesar Rico, que comenzarán el proceso de incorporación a Álava. Portilla apuntaba que han venido a explicar los problemas del municipio, “que no son pocos”, y criticaba a la Diputación porque en algunos casos, “nos ha trasladado la imposibilidad de buscar soluciones”. En cuanto a su incorporación a Álava, el nuevo alcalde treviñés, informado de que se ha puesto en marcha el mecanismo para conseguir este fin, iniciando el expediente de segregación, del que darán cuenta a la Diputación de Burgos, a la Junta de Castilla y León y al Gobierno Vasco. El expediente es “una especie de ley de divorcio”, que según Portilla, regula el mecanismo de aplicación de esa ley de divorcio que en el caso de Treviño, y siempre según Portilla, “están claros los pasos y es lo que se va a hacer”. El alcalde treviñés ha pedido que se cumpla la Ley y los deseos de los treviñeses, “algo que está claro”.
La prestación de servicios es el punto en el que se basa Ignacio Portilla para pedir esta anexión a Álava, ya que según manifestaba, tienen muchas dificultades y en algunos casos, ni se cumplen, ya que la mayoría de los servicios que se prestan, “no los presta Burgos ni Castilla y León”, sino que directamente lo hace la administración alavesa o el Gobierno Vasco, como son las infraestructuras, sanidad o educación. En este último caso, al colegio público de Treviño sólo van la quinta parte del los escolares treviñeses, porque, según Portilla, “los chavales y chavalas de Treviño, piden una educación como la que se imparte en el País Vasco, que es donde van a desarrollar su vida social y profesional”. En cuanto a los que asisten al colegio público, “no tienen una proyección de continuidad y de asentamiento en el municipio”. En cuanto a sanidad, “está cogido con pinzas o a la buena voluntad”, entre los dos sistemas sanitarios de Castilla y León y del País Vasco, por lo que exigen que se presten los servicios de “pleno derecho”, no de convenios y de “parcheos”, ya que no se ha firmado un convenio sino un “protocolo de intenciones”.
Ignacio Portilla espera que este sea el final y la solución, sino, “tomaremos las determinaciones que debamos tomar”, ya que la segregación está regulada por Ley en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y piden tanto a la Diputación como a la Junta, “que sean rigurosos”, ya que cuando se propuso la incorporación con anterioridad, “ se despachó con panfletos políticos sin ningún rigor y en algunos casos insultantes para Treviño”.
Por su parte, Cesar Rico explicaba que en la visita, se hablado entre otras cosas, del polígono industrial, pendiente de una línea de ayudas que se retomarán cuando la Diputación saque de nuevo una línea de ayudas a polígonos industriales. También han tratado la Ley de Ordenación del Territorio, y la configuración del Condado de Treviño dentro del área de influencia de Miranda de Ebro en lo que se refiere a la prestación de los servicios básicos de la Junta de Castilla y León la necesidad de constituir una mancomunidad para la prestación de los servicios públicos. Pero el tema más complicado ha sido la puesta en marcha de una segregación, que se tratará en el Pleno municipal, aunque Cesar Rico tiene claro que hay un camino jurídico que hay que seguir y que desde Diputación “seguirán a rajatabla”, porque nadie quiere saltarse la Ley. Rico recordaba que hace más de diez años se abordó esta consideración en una ponencia en el Senado en la que la posición de la Diputación Provincial era muy rigurosa en el contexto tanto histórico como jurídico y político de aquella época, aunque “posiblemente se mantenga”. Treviño es un enclave, pero es territorio de Burgos y de Castilla y León y desde la Diputación se seguirá siendo escrupuloso en el proceso.
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