UPyD en Burgos presenta su Propuesta de Ordenación Territorial con la fusión de municipios como pilar básica.
La Diputación Provincial y las Mancomunidades desaparecerían; el número de ediles pasaría de 1.900 a sólo 162
Una planta municipal con 8 municipios y 34,01 millones de euros de ahorro anual son las principales novedades que Unión Progreso y Democracia en Burgos ha presentado hoy en su Propuesta de Ordenación para el Territorio de la provincia de Burgos, en la rueda de prensa que ha tenido lugar en la sede de la formación magenta en Burgos, a la que asistieron el Coordinador del Consejo Local de Burgos, Javier Ojer; la Delegada Comarcal en Miranda de Ebro, Raquel Sáenz de Buroaga y el responsable de Comunicación en Burgos, Carlos Falcón.
La propuesta de la formación magenta parte de la necesidad de fusionar municipios para hacer frente al micromunicipalismo que afecta a la provincia. La provincia de Burgos es la segunda más extensa de Castilla y León y la tercera en número de habitantes. A diferencia de otras provincias, existe más de un municipio de más de 20.000 habitantes: Burgos capital, Miranda de Ebro y Aranda de Duero. Los tres municipios, además, aglutinan al 66,57% de los burgaleses, lo que deja un amplio territorio marcado por el micromunicipalismo, territorio que es incapaz de fijar población y que sufre un constante envejecimiento. Tanto es así, que el 98% de las localidades tienen una población inferior a los 5.000 habitantes y el 37,73% no superan el centenar de vecinos y por su pequeño tamaño no pueden aplicar economías de escala ni hacer frente a sus obligaciones para con los ciudadanos, lo que las hace depender de otras entidades como Diputaciones Provinciales y Mancomunidades.
Con municipios de mayor tamaño, competencias y financiación, las instituciones intermedias – mancomunidades, Diputaciones o consorcios – dejarían de ser necesarias, por lo que su coste estructural – el derivado de su propia existencia reflejado en los capítulos 1 y 2 de sus presupuestos – se podría reinvertir en los nuevos Ayuntamientos. La aplicación de este modelo produciría un ahorro de 34,01 millones de euros al año. Cabe destacar que esta cantidad se ha calculado con criterios extremadamente prudentes, ya que no se han tenido en cuenta costes como por ejemplo los sueldos y dietas de los Diputados Provinciales, su personal de confianza o asignación a grupos políticos. La clarificación de competencias y una administración menos elefantiásica permitirían acercar las instituciones a los ciudadanos y evitar de ese modo prácticas clientelares y corruptas.
De cara a elaborar esta propuesta, se han tenido en cuenta las Áreas Básicas de Salud, los centros escolares, las infraestructuras y la realidad cultural y socioeconómica de los municipios fusionados. Esta reducción de los municipios también repercutiría en el número de concejales sin afectar al pluralismo político tal como propone el Gobierno central al querer reducir arbitrariamente el 30% de los ediles. Como consecuencia, se pasarían de 1.900 concejales a 162, un 91,47% menos. Asimismo, los funcionarios se reasignarían entre los nuevos Ayuntamientos y la Junta de Castilla y León, y el resto de trabajadores públicos formaría parte de las nuevas entidades atendiendo a criterios de eficiencia y eficacia.
El coordinador de Burgos, Javier Ojer, destacó que el principal objetivo de este modelo “es asegurar los servicios básicos” y lamentó el desinterés del Gobierno regional por abordar la reestructuración del territorio. “La Junta de Castilla y León ha hecho en estos 30 años varios estudios sobre la Ordenación Territorial – explica – conocen el diagnóstico y no fusionan municipios por su elevado coste político”. Asimismo, recordó que este proyecto intenta abrir nuevas vías de debate y que está abierto a cambios y mejoras, “aunque se mantienen los principios de una fusión de municipios adecuada al siglo XXI y la eliminación de instituciones intermedias como Diputaciones, Mancomunidades y Consorcios, así como el respeto a la pluralidad política”.
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