La dimisión del Sr. Villanueva, que se produce tras la petición del máximo responsable provincial del Partido Popular y del alcalde de Burgos en el día de ayer, deja aún muchas lagunas sobre lo que realmente ha ocurrido en este caso, en opinión de la formación magenta.
Se plantean las dudas de por qué se produce esta dimisión en el día hoy, tras haber afirmado en la rueda de prensa del miércoles que no lo haría, y tras haberse declarado reiteradamente inocente.
Tras la rueda de prensa que Eduardo Villanueva dio hace dos días entendemos que no se ve suficiente motivo para su dimisión respecto a lo que ya existía, ni ha cambiado la alarma social, ni el reconocimiento de su culpabilidad, y surge la duda y cree, UPyD, que el motivo que le ha llevado a dimitir es la fidelidad a un partido y a sus máximos dirigentes y amigos que han confiado en él desde sus dieciocho años hasta adquirir por esa confianza del Partido Popular la condición de concejal que ha ostentado durante cinco años.
Cree UPyD, que tanto Cesar Rico como Javier Lacalle máximos dirigentes del PP, han gestionado muy mal este caso. Entienden los unionistas que al dimisionado se le debería haber permitido y/o obligado a explicar los hechos en el mismo momento en que la noticia salta en los medios de comunicación. Éste debería haber comparecido ante los grupos de la oposición y ante los medios de comunicación y decir lo que hace dos días dijo, tanto en la Comisión Extraordinaria de Hacienda, como en la rueda de prensa que ofreció a los medios. Han dejado pasar quince días siendo los culpables de que se haya generado una gran alarma social y entiende, UPyD, que deberían haber aceptado la comisión de investigación propuesta para esclarecer los hechos y demostrar que es lo que realmente ha sucedido.
Ahora, el Partido Popular, pretende cerrar el caso con su dimisión y pretende dar la vuelta al desgaste sufrido, tratando de mostrar que son un partido libre de responsabilidad en este suceso.
Sin embargo, la formación magenta entiende que puede haber responsabilidad política a más alto nivel, puesto que cualquier Alcalde tiene en su mano herramientas para que los funcionarios le informen de las anormalidades que ocurren en los diversos departamentos del Ayuntamiento. Es por esto que el Alcalde de Burgos, Javier Lacalle, debería pedir “auxilio judicial” en aras del esclarecimiento y transparencia total del caso que borren cualquier tipo de sospechas.
Por parte de UPyD siempre se ha dicho que es muy importante conocer el uso que se hizo de las descargas en la red, ya que estimamos que el volumen de datos se entiende como abusivo para ser realizado desde una línea móvil y puede levantar sospechas y suspicacias que deben ser aclaradas. Al mismo tiempo, la formación magenta ha solicitado un informe detallado sobre las líneas móviles del consistorio burgalés, su uso y su consumo en volumen y en cantidades económicas, con el fin de aclarar si se han producido otros casos similares al que nos ocupa.
Ante esta situación de falta de explicaciones, deben ser los tribunales los que investiguen y aclaren las irregularidades que al parecer se han cometido, de ahí que hayamos presentado la denuncia ante el Fiscal de Castilla y León, competente en esta materia.
Autor:
