El Grupo Municipal UPyD estudiará, una vez que conozca el informe emitido por Secretaría General, solicitar a la Fiscalía la investigación del caso de la factura telefónica para lo que ha pedido asesoramiento sobre los pasos a seguir a la dirección nacional.
Roberto Alonso en nombre de UPyD, se unía a la"indignación ciudadana en general y de los funcionarios en particular" por los recortes, e indignación por ver "como se dilapidan los dineros comunes de nuestros impuestos". Alonso exigía que "se llegue al conocimiento de todo por todos los medios a su alcance en el caso del uso indebido de telefonía y no acabe como el caso Espolón" y aludía a "otros posibles casos sobre los que irán trabajando". Además, achacaba esta situación a la falta de control y gestión del Equipo de Gobierno, "tanto éste como los que le han precedido". Alonso pedía, si no dimisiones, al menos disculpas por parte de Javier Lacalle y Ángel Ibáñez y aludía a las "raices profundas" de este caso en la falta de control y gestión.
Roberto Alonso se lamentaba de que no se haya convocado la Comisión de Investigación solicitada en el pasado Pleno, y de las barreras con las que se han encontrado los grupos de la oposiciónra a la hora de tener la información ya que tienen "grandes dudas" que el informe de Secretaría General aclare estas dudas, entre las que se encuentran para qué se ha usado la "famosa" tarjeta de datos y qué información se ha descargado.
Unión Progreso y Democracia ve un gran problema de dejación. Alonso está de acuerdo en que ni los concejales ni el alcalde tienen que revisar todas las facturas del Ayuntamiento de Burgos pero sí tener un cuadro de mandos que les informe directamente al regidor municipal, con celeridad en casos como estos.
Alonso pone en duda, que un ingeniero informático en telecomunicaciones no conozca que un duplicado de una tarjeta usada fuera del terminal para la que está dada de alta, no está suscrita a tarifa plana, algo que conoce un simple usuario de informática.
UPyD, esperará al informe para actuar y pedir a la Fiscalía, si fuera preciso, que instigue y depure responsabilidades.
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