El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha mantenido hoy una reunión de trabajo con las entidades que se han adherido al Servicio de Apoyo Integral a las Familias en Riesgo de Desahucio. Este servicio, pilotado en el ámbito de los Servicios Sociales, estará en marcha a primeros de noviembre. Más de 76 profesionales trabajarán en la Comunidad para guiar a las familias en la búsqueda de una solución, basada en la prevención y, en especial, en la intermediación de la Administración Regional ante entidades financieras para tratar de elaborar planes de reestructuración de la deuda u otras alternativas que permita a las familias conservar sus viviendas habituales.
Las familias de la Comunidad que se encuentren en riesgo de desahucio contarán desde el mes de noviembre con un servicio de apoyo integral, liderado por la Junta de Castilla y León y coordinado con una pluralidad de agentes, que pretende abordar el problema desde el primer síntoma de riesgo real hasta ofrecer una respuesta final si llega a producirse el lanzamiento hipotecario.
Se trata de guiar, con un enfoque integral, coordinado y sin duplicidades, a la familia que se halla ante esta situación en todas las fases del proceso, incidiendo en la prevención y evitando en lo posible que se produzca el lanzamiento y pierda su vivienda. Más de 76 profesionales trabajarán en Castilla y León para buscar soluciones a la situación de insolvencia de las familias en tres campos de actuación: prevención, interlocución y búsqueda de soluciones paliativas.
Aunque los datos de Castilla y León ofrecen una realidad más favorable que otras autonomías, lo cierto es que la Comunidad no es ajena a un complejo fenómeno que está provocando que numerosas familias, plenamente integradas social y económicamente, se enfrenten a serias dificultades para hacer frente a sus préstamos hipotecarios, y que arroja datos cada vez más preocupantes. Durante 2011 se produjeron en la Comunidad 3.027 desahucios, mientras que solo en el primer semestre de 2012 se han contabilizado 2.297 lanzamientos.
Por este motivo, nace de forma pionera en España en el ámbito de los Servicios Sociales este servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de insolvencia, con el objetivo de contribuir entre todos, desde el sector público y el privado, a paliar la angustiosa situación por la que atraviesan muchas familias castellanas y leonesas.
En esta tarea están involucradas la Consejería de Familia, que pilota y coordina el programa a través de la Gerencia Regional de Servicios Sociales, así como la Consejería de Economía y Empleo y la Consejería de Fomento, pero también las corporaciones locales, el Colegio de Registradores, el Colegio de Abogados, entidades sin ánimo de lucro, entre ellas Cáritas regional, y 10 entidades financieras (Caja España-Duero, Banco Popular, Cajamar, Caja Rural de Burgos, Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander, Banesto, Banco Sabadell y Bankinter).
Con estas entidades ha mantenido precisamente hoy una reunión de trabajo el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, a quienes les ha agradecido de forma expresa su intención de adherirse a un programa que está abierto a nuevas incorporaciones. No en vano, para alcanzar el objetivo se necesita aunar esfuerzos y sumar voluntades.
El programa, paso a paso
El servicio está orientado fundamentalmente a familias integradas socialmente que presentan una situación de riesgo de insolvencia por sobreendeudamiento que pone en peligro el mantenimiento de su vivienda habitual. El primer paso será detectar, en fases tempranas, la existencia de una situación de riesgo. La voz de alerta puede llegar de las propias familias, pero también desde los Servicios Sociales, las entidades del tercer sector o las propias entidades financieras. Todos ellos podrán intercambiar información actualizada.
La puerta de entrada a este programa se realizará a través del teléfono 012, que cuenta desde hoy mismo con un protocolo de atención activo, que permite evaluar el caso, determinar el cumplimiento de los requisitos de acceso, la urgencia y, sobre todo, asignar citas a las familias con profesionales que atenderán cada caso en la oficina local que le corresponda.
Más de 50 trabajadores de las corporaciones locales -ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones-, que han recibido en estas últimas semanas formación específica, diseñarán, en coordinación con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Planes de Economía Familiar individualizados. Así, les ofrecerán apoyo profesional para afrontar las consecuencias de la nueva situación de sobreendeudamiento, les asesorarán sobre medidas de control de gasto, al mismo tiempo que les informarán sobre todos los apoyos que brinda el sistema de Servicios Sociales y a los que pueden acceder para evitar el riesgo de exclusión.
En segundo lugar, estos trabajadores (titulados en Derecho, Economía o Trabajo Social) ofertarán a la familia información y asesoramiento en relación con las dificultades en el pago de los préstamos hipotecarios y las consecuencias que pudieran tener sus impagos. Y es que, como advierten los profesionales, en muchas ocasiones las familias entran en estado de shock que les impide reaccionar a tiempo y estudiar posibles soluciones.
Toda la información proporcionada por las oficinas locales sobre cada uno de los casos será analizada en los servicios centrales de la Consejería de Familia, quienes, cuando sea preciso, actuarán como interlocutores entre las familias y las entidades financieras titulares de los préstamos, tratando de estudiar soluciones adaptadas a su capacidad económica. El objetivo es ayudar a las familias a elaborar un plan de reestructuración de la deuda u otras alternativas, que posibiliten la obtención de un acuerdo entre ambas partes. Para ello, las entidades financieras se comprometen a designar a un interlocutor único en cada entidad para analizar las diferentes propuestas, formuladas por la Oficina Central, para evitar el posible desahucio.
Asimismo, se ofrecerá orientación laboral, a través del Servicio Público de Empleo, a aquellas personas que lo necesiten. No hay que olvidar que la pérdida del empleo está siempre detrás de esa merma de ingresos que hace peligrar el pago de la hipoteca.
En los casos en que estas actuaciones no hayan impedido que se produzca al final el lanzamiento, se derivará a las familias a otros servicios alternativos, como la percepción de la Renta Garantizada de Ciudadanía o la búsqueda de alojamientos alternativos, que sirvan para aliviar su complicada situación económica y social.
En todo este proceso, las entidades sin ánimo de lucro, como Cáritas Regional, aportarán sus conocimientos y experiencias en la detección previa de las situaciones de riesgo de insolvencia y ofertarán asesoramiento jurídico en algunos supuestos. El Colegio Profesional de Registradores y el Colegio de Abogados podría suministrar información y asesoramiento a profesionales.
Un servicio más amplio que el Código de Buenas Prácticas
Este servicio fortalece y completa las medidas recogidas en el Real Decreto de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, aprobado el pasado del 9 de marzo. No sólo llega a mayor número de familias que el Código de Buenas Prácticas, aprobado por el Gobierno, sino que este programa autonómico permite actuar con carácter previo a las situaciones reales de insolvencia, facilita la resolución de los conflictos y proporciona a las entidades financieras una información analizada, trabajada y depurada que facilitará la evaluación del caso y ahorrará tiempo.
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