La secretaria de Organización del PSOE, Esther Peña Camarero, lamenta que Rico apoye esta ley y exige a Herrera que inste a sus parlamentarios nacionales a oponerse a la misma
Los socialistas burgaleses han vuelto a escenificar su “rechazo frontal” al proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada, porque vaciará de competencias a los ayuntamientos para poner en manos privadas buena parte de los servicios que prestan a sus ciudadanos y ciudadanas.
Pero esta es solo una de las consecuencias de esta “contrarreforma aprobada en soledad, que tiene en contra a todos, desde los partidos políticos y los sindicatos, hasta los trabajadores de la administración y los de los centros de servicios sociales; al Consejo de Estado y a los propios alcaldes del Partido Popular”, ha advertido la secretaria de Organización del PSOE de Burgos y diputada provincial, Esther Peña Camarero.
Ha insistido en que, de no enmendarse el texto, el PSOE no descarta una enmienda a la totalidad del mismo y su rechazo desde todas las instituciones. “Pelearemos con todas nuestras fuerzas y desde todas las instituciones en las que podamos y, además, haremos un trabajo importante que no ha hecho el PP, redactor de esta ley, que es explicarla en todas las comarcas de la provincia. Vamos a explicar bien qué suponen de verdad estos recortes y, con la ayuda de los vecinos/as, haremos lo que sea necesario, pero yo personalmente creo que la rebelión es necesaria”, ha recalcado.
En una comparecencia posterior a la reunión que esta mañana ha mantenido con los coordinadores comarcales de la Comisión Ejecutiva Provincial, Peña Camarero ha cifrado en 368 los municipios directamente afectados en la provincia por el desmantelamiento de competencias municipales que contempla esta reforma y en las 665 pedanías burgalesas en riesgo de desaparición si en no presentan sus cuentas en los tres meses que contempla la nueva ley.
Privatización de residencias de la Diputación y de escuelas municipales infantiles
La secretaria de Organización del PSOE de Burgos advierte de la posible privatización de las cinco residencias que gestiona la Diputación Provincial en la actualidad, así como de las escuelas infantiles municipales de la capital burgalesa y la ayuda a domicilio si las Cortes no rectifican esta reforma tal y como está planteada.
Recuerda que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Milagros Marcos, descartó ayer la asunción de los centros residenciales de las diputaciones provinciales por parte de la Administración autonómica y dijo que habría que estudiar cada caso, cuando el vicepresidente de la Institución provincial Ignacio Marín, ya vaticinaba un ahorro de los 20 millones de euros anuales que cuesta mantenerlas, con su posible su traspaso al Gobierno autonómico.
Pero es que, además, el alcalde de Burgos y secretario general del PP burgalés, Javier Lacalle, “se frotaba las manos públicamente con el ahorro de los seis millones de euros que iba a suponer la cesión de las competencias de las escuelas infantiles municipales, entre otras, a la Junta y urgía a ésta a hacerlo antes de los cinco años previstos en esta ley; cuando él sabe perfectamente que la Administración autonómica no se va a hacer cargo de estos centros”, ha dicho Peña Camarero.
“Seguramente estará contemplando ya destinar este ahorro a alguna obra faraónica inservible para gloria suya”, ha ironizado.La conclusión es clara, en opinión de la diputada provincial socialista y es que el PP de Burgos se está desentendiendo del futuro de los servicios sociales de la ciudad y de la provincia, así como de su posible privatización, a la que la número dos del PSOE de Burgos ve abocadas tanto a las residencias de la Diputación como a las escuelas infantiles, si la ley prospera en los términos en los que está planteada.
“El Partido Popular de Burgos ya no es el partido de la gaviota, es el partido del avestruz, porque su presidente, César Rico, ha escondido la cabeza y no ha dicho nada desde la aprobación de este anteproyecto en el Consejo de Ministros”, ha considerado Peña Camarero. “Y lo que es peor es que Rico, que también preside la Diputación, se ha quedado solo defendiendo esta ley, que critican tanto el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, como el consejero de Presidencia y el presidente de la FRMP, Miguel Ángel García Nieto”, ha añadido.
Para Peña Camarero, resulta “vergonzoso” que, mientras que los propios compañeros de Partido de Rico a nivel autonómico están en contra de esta ley tal y como está planteada, porque vacía de competencias a los municipios, “Rico diga a sus alcaldes que no se den por aludidos”.
“Esta ley no justifica ningún ahorro de lo que dice que pretende conseguir, ni acredita que la prestación de servicios por parte de las diputaciones vaya a suponer menor coste del que tiene ahora prestándose por los ayuntamientos, como ya ha señalado el Consejo de Gobierno”, ha insistido la diputada provincial socialista.
Llamamiento a los alcaldes del PP para que no se dejen engañar por su presidente
Teniendo en cuenta que muchas pedanías nunca han presentado sus cuentas porque no tienen medios para hacerlo, el plazo de tres meses que les impone esta ley para que lo hagan si no quieren desaparecer, resulta paupérrimo.
“Queremos desde aquí hacer un llamamiento a los alcaldes y alcaldesas del PP para que no se dejen engañar por su presidente, porque, ¿qué les va a decir cuando tengan que privatizar los servicios públicos cuyo coste no puedan asumir los ayuntamientos; la recogida de basuras, la limpieza viaria, la pavimentación de vías o el tratamiento de residuos?”, les ha dicho la secretaria de Organización del PSOE de Burgos.
Asegura que Rico “no les está contando toda la verdad” ya que “habrá privatización, porque la Diputación no puede asumir todas esas competencias” y añade que en la provincia se cuantifican hasta en 1.500 los empleos que se van a destruir con la aplicación de esta reforma.
El ejemplo que expone para hacer esta afirmación son los recortes que la Institución provincial ya ha realizado en los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio y en el descenso del 15% en la financiación de la Junta en el acuerdo marco de Servicios Sociales. “¿Alguien se cree que si se están realizando estos recortes porque la Administración autonómica aduce incapacidad financiera ahora, de la noche a la mañana, vaya a asumir todas sus competencias? Nosotros no”, ha concluido.
Peña Camarero se ha preguntado también cómo se buscará la racionalidad y la eficiencia que plantea esta ley. “Por ejemplo, para que sea más rentable la recogida de basuras, en muchos municipios de esta provincia se reducirá la frecuencia y habrá pueblos en los que solo se recogerá la basura un día a la semana”, ha explicado.
También vaticina un aumento de las tasas del servicio de abastecimiento de agua potable y de depuración como consecuencia de esta reforma. Recuerda que los más perjudicados por esta ley si no se corrigen sus defectos serán los más de 124.000 habitantes de los pueblos de menos de 20.000 que hay en la provincia. “Estos ayuntamientos, tal y como reza la ley, van a estar controlados por la Diputación Provincial, que podrá aplicar fórmulas de gestión que permitirán la privatización de servicios en los pueblos”, ha asegurado.
“Herrera debe invitar a sus parlamentarios a oponerse a esta reforma”
En conclusión, el PSOE de Burgos pide al presidente de la Junta de Castilla y León y del PP autonómico, Juan Vicente Herrera, que se aleje de las “campañas propagandísticas a las que nos ha sometido en los últimos meses, declarando su oposición a esta ley” y a ser “realmente beligerante con la misma”. “Queremos hechos y Herrera debe exigir a sus colegas del PP de Burgos y a sus parlamentarios nacionales, que aún no han dicho nada de esta ley, que se opongan a esta reforma”, ha agregado.
Autor:
