Los populares castellano y leoneses presentarán una PNL para pedir medidas de reactivación económica y de fomento del empleo para el área de influencia de la central de Garoña.
El procurador regional del PP, Ángel Ibáñez, ha presentado las peticiones que su partido elevará a las Cortes de Castilla y León mediante una PNL, en la que solicitarán medidas de reactivación económica y de fomento del empleo para el área de influencia de la central de Garoña.
Ibáñez recordaba que tras el decreto de cierre, el Gobierno Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero prometió unas ayudas de 900 millones de euros para la zona de influencia de la central, un "engaño evidente a Burgos y a toda su provincia, en especial a la zona de Merindades" como señalaba el procurador regional Ángel Ibáñez. En 2014, se modifica la normativa para su continuidad por parte del Gobierno del Partido Popular, aunque la negativa de Iberdrola a continuar su actividad por motivos económicos. Ibáñez recordaba que sólo el PP de Castilla y León y UGT han mantenido la posición firme de continuidad, en contra de prácticamente toda la oposición del Congreso, comunidades autónomas, organizaciones y asociaciones, lo que pone en minoría al PP, motivo por el cual se optó por la decisión del cierre.
El PP de Castilla y León ha mantenido siempre una posición firme ante el cierre de Garoña, posicionándose en contra del cierre de la central nuclear que cesó su actividad en 2009, tras el decreto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que "hirió de muerte a la central", como señalaba Ibáñez.
A partir del decreto de cierre definitivo, el PP de Castilla y León se plantea que el desmantelamiento sea seguro y el objetivo del mantenimiento del empleo. El problema es, según Ibáñez, que no hay un plan alternativo económico, social y de reindustrialización que "permita paliar los efectos del cierre". También recordaba el escrito que el día 1 de agosto remitió el presidente de la Junta de Castilla y León al presidente del Gobierno tras conocer la decisión del cierre, que " era clamorosa la soledad a la que se ha condenado a la central de Santa María de Garoña".
A partir de ahora, hay que conocer los procesos de desmantelamiento, qué va a pasar con los materiales sensibles, las ayudas a los municipios y los efectos negativos en el entorno sobre el empleo y la actividad económica.
Ibáñez señalaba que el PSOE mintió a Burgos con una "posición cínica y seguidismo a Zapatero" anunciando un plan de 900 millones que luego se bajo a 100 y ahora a 25 millones.
Desde el PP de Castilla y León "que no está de acuerdo pero respeta la decisión del Gobierno teniendo en cuenta que es una decisión empresarial ya tomada", se presentará una PNL en la que pedirán que la Junta pida al Gobierno de la Nación un plan de reindustrialización que de ponga en marcha de forma inmediata para el entorno, que se establezcan fórmulas de compensación económica para los municipios del entorno como las que han venido teniendo desde la central, requerir a la empresa titular que integren al mayor número de trabajadores en el proceso de desmantelamiento, que ENRESA comience con la documentación necesaria para la solicitud de desmantelamiento que también se trasladarán a la Junta, que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta de Castilla y León a colaborar en este plan de reindustrialización y por último, que se estudie la implantación de un tributo medioambiental con el compromiso de que todo lo recaudado vaya destinado a la reindustrialización e inversiones en la zona.
Por otro lado, el próximo martes la consejera de Hacienda explicará en las Cortes de Castilla y León el nuevo Plan de Impulso de la Economía Empresarial e Industrial de Castilla y León, que estará dotado con 800 millones de euros y uno de los objetivos de este plan es la corrección de los desequilibrios en materia industrial y económica que existen en la comunidad, un elemento con el que se podrá trabajar y se puedan comenzar a corregir los desequilibrios que surgirán en la zona, más aún cuando cuenta con el consenso de todos los grupos políticos y de los agentes sociales.
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